El debate político en Tucumán no se contagió de las turbulencias que vive la república. El meridiano del conflicto está centrado ahora en Santa Cruz, donde el gobernador Daniel Peralta resiste tenazmente la reposición del procurador general de la Corte de Justicia provincial, que le ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basándose en fallos de años anteriores. A Eduardo Sosa lo destituyó Néstor Kirchner hace 15 años, cuando aún gobernaba el estado patagónico. Era un magistrado interesado en escarbar el manejo de los fondos santacruceños. Todo un secreto.

El estado de desobediencia desató una serie de discusiones a causa de las visiones encontradas de los principales actores de la vida pública. Cristina Fernández arremetió sutilmente al ofrecerle asilo político a Peralta ante una eventual salida del gobierno.

El sinceramiento brutal de Carlos Zannini arrojó más luz. ¿Dónde está mi decepción con esta Corte? Que nosotros la pusimos para otra cosa, según consignó Clarín, y aceptó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Al secretario Legal y Técnico de la Presidencia le contestó la vicepresidenta de la Corte de la Nación, Elena Higthon de Nolasco, con sequedad. Estamos para asegurar el acceso de la Justicia a los ciudadanos, asestó.

Las fintas por el caso santacruceño no se agotaron. Sin embargo, los políticos de la oposición advierten que los ataques contra la Corte de la Nación encubren otra intencionalidad. Mauricio Macri cree que se pretende condicionar a los jueces cimeros para que fallen en favor del Gobierno, en una causa que paraliza la aplicación integral de la Ley de Medios Audiviosuales.

Está detenida, en efecto, la cláusula que obliga a la desinversión perentoria de los grupos multimedios. La marcha que se programa para esta semana en Buenos Aires, frente a Tribunales, abona la certeza de esa presunción.

Delante de Boudou

Y con absoluta sinceridad, el gobernador José Alperovich manifestó el martes pasado, en presencia del ministro de Economía, Amado Boudou, que el proyecto de ley que propone la regulación estatal del abastecimiento de papel para diarios, complementa la norma cuestionada judicialmente.

El cerco normativo amenaza la libertad de expresión y restringe el debate democrático. La exposición mediática del disenso es una pieza clave dentro de una sociedad pluralista. La idea política es clara: mantener la producción informativa bajo el control del Estado en un año en el que se disputa el poder.

El matrimonio presidencial juega su destino a cara o cruz. Con la sospecha de corrupción que envuelve a más de un encumbrado funcionario, se entiende tanta ansiedad por evitar la divulgación de noticias incómodas, cuando hay tantas cosas en juego.

Un pleito que se actualiza

Una vez más el juez Rodolfo Novillo está en la cresta de la polémica. Este vocal de la sala II del fuero en lo contencioso administrativo y su par Carlos Giovaniello estudiaron la procedencia de las diferentes demandas adversas a la Constitución de 2006. Los litigios empezaron poco después de la promulgación de la norma.

De ese complejo de causas, sólo queda pendiente de resolución un escrito del partido Tres Banderas, que alegó la inconstitucionalidad de los incisos 14 y 16 del artículo 43.

Por el primero de los incisos se dispone que la Junta Electoral que supervisará los comicios provinciales, se integrará con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el vicegobernador y el Fiscal de Estado. Y el inciso 16 reza que ningún funcionario podrá ser obligado a tomar licencia previa a la elección por el solo hecho de ser candidato.

Hasta el menos avispado de los lectores infiere que el gobernador aspirante a la reelección usará de esa doble condición para acentuar su ventaja res pecto de sus adversarios. La asimetría de recursos entre uno y otros es abismal.

Corre con ventaja

Tres Banderas apuntó a la falta de independencia del órgano de fiscalización de las elecciones, ya que el Poder Ejecutivo, es decir Alperovich, contará al menos con dos votos: el vicegobernador y el Fiscal de Estado. La independencia de criterio desaparece de entrada, y quienes pagarán los platos rotos serán los competidores del oficialismo. El caballo del comisario alcanzó estatus constitucional. Será resorte de la Junta Electoral aprobar o no los escrutinios de urna, y de aceptar o modificar la distribución de bancas conforme a las cifras que estime válidas. En el juego de intereses, el fiel de la balanza se inclina por el más poderoso.

El planteo de Tres Banderas tocó un punto neurálgico del esqueleto institucional, al punto que Novillo y Giovaniello impulsaron un proceso de consultas a terceros ajenos al proceso (los amicus curiae), con el objeto de formarse un panorama más amplio respecto de la cuestión. El presidente de la Corte se negó a que el llamado a los amicus curiae se formulara también por el sitio de internet del Poder Judicial. El caballo del comisario sumó otro punto.

Los ocho opinantes, entre ellos juristas de prestigio como Ricardo Monner Sans y Alejandro Carrió, coincidieron en que desapareció el equilibrio existente antes de 2006 -el Gobierno estaba en minoría-. Ahora se modificó eso. El alboroto trascendió lo meramente judicial. En el mundo oficial se desconfía enormemente de los jueces Novillo y Giovaniello, a quienes le imputan la responsabilidad intelectual de sentencias que tumbaron finalmente dos cláusulas apetecidas por el Gobierno: el sistema de enmiendas constitucionales y el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) creado por decreto.

La furia se focalizó en Novillo. La comisión de Juicio Político de la Legislatura decidió unificar planteos de pedidos de destitución del juez en momentos en que se destraba el tratamiento de los alegatos que objetan la Junta Electoral, Es sabido que el alperovichismo tiene muchos deseos de sacarle tarjeta roja y desplazarlo de la función. Su preponderancia numérica le permite maquillar cualquier definición sin rubores. La misma comisión tendrá que examinar el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, que desplazó a Pablo Yedlin (Salud Pública) del liderazgo de los cuestionamientos. Oscar López, que objetó a López Herrera, ausculta el desarrollo del planteo que hizo contra Juan Luis Manzur (Salud Pública de la Nación) por presunto enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal . El ministro candidato está en el candelero.